El Partido de los Comunistas denunció la presunta detención arbitraria y criminalización de Carlos Darío, militante de la Juventud Comunista de México (JCM), que fue arrestado en la capital de Aguascalientes tras participar en las protestas del pasado 6 de mayo contra la visita de la ultraderechista española, Isabel Díaz Ayuso.

En entrevista para este medio, Adán Guido, vocero del caso e integrante de la JCM, explicó que las manifestaciones ocurrieron durante la visita de Díaz Ayuso al estado, donde fue condecorada con la Medalla al Mérito Cívico y durante un acto oficial se le entregaron las llaves de la ciudad.

El colectivo acusó al gobierno municipal y estatal, encabezados por los panistas, Leonardo Montañez y Teresa Jiménez Esquivel, así como al presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, de criminalizar la protesta social y actuar contra quienes cuestionaron la visita de la política española.

“Todo transcurre con cierta normalidad”, relató Guido sobre la movilización, en la que participaron colectivos y militantes con pancartas y consignas contra lo que el gobierno calificó como discursos de odio.

Adán señaló que en un momento los inconformes bloquearon el paso de una camioneta vinculada a la comitiva oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin embargo la movilización concluyó de manera pacífica.

Dos días más tarde, Carlos Darío fue privado de su libertad por presuntos agentes ministeriales vestidos de civil, a las afueras de su domicilio cuando llegaba del trabajo, y de acuerdo con la organización, el militante comunista permaneció tres días desaparecido e incomunicado, mientras que su familia intentaba conocer su paradero.

“Él apenas iba llegando a su casa cuando lo interceptan, le dicen que los acompañe, pero nunca le explican qué estaba pasando”, al negarse por desconocer el motivo de su detención “fue derribado, golpeado y estrangulado”, afirmó el vocero.

Durante varios días desconocieron el paradero de Carlos Darío, hasta que, tras acudir a presentar una denuncia por su desaparición, la fiscalía estatal confirmó que se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social para varones de Aguascalientes.

“Inicialmente las autoridades intentaron imputarle delitos relacionados con posesión de drogas y presuntos vínculos con el crimen organizado”, acusaciones que calificaron como fabricadas.

Posteriormente, la dependencia sostuvo que enfrentaba cargos por daños a la propiedad derivados de las protestas y después por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

Guido mencionó que la fiscalía de Aguascalientes presentó una versión oficial donde acusa al militante de la JCM de intentar huir al ver a los policías, sin embargo, aseguró que existen grabaciones de cámaras de seguridad que prueban lo contrario, y que los presuntos oficiales no mostraron identificación ni una orden de aprehensión.

El vocero denunció que el joven permaneció incomunicado hasta su audiencia inicial y que solo tuvo contacto con un abogado de oficio y cuando finalmente pudo ser visto por sus familiares el 11 de mayo, este presentaba golpes, moretones y raspones en el rostro.

“Agentes ministeriales lo obligaron a desbloquear su teléfono para revisar información relacionada con otros asistentes a la protesta”, señaló la organización comunista.

Asimismo, denunciaron presuntos actos de hostigamiento contra familiares del militante mediante mensajes y solicitudes sospechosas en redes sociales.

“Esta es una amenaza para cualquiera que se intente manifestar”, sostuvo Guido, quien consideró que el caso representa “un precedente peligroso” para movimientos sociales y activistas en México.

Tras varios días de movilizaciones y presión pública, Carlos Darío fue liberado el pasado viernes 22 de mayo, quien permanece con su familia recibiendo acompañamiento sicológico.