El Salvador.- El pasado 1 de junio de este 2026, Nayib Bukele cumplió cuatro años en el poder, cuatro de los cuales ha gobernado con la suspensión de garantías constitucionales. El Faro, uno de los medios más prestigiados en América Latina y acosado por el oficialismo en El Salvador, ha documentado historias sobre cómo el régimen que acabó con las pandillas, al mismo tiempo, se ha convertido en una maquinaria dispuesta no solo a encarcelar a políticos y a lideres sociales disidentes, también dejó que murieran en sus prisiones personas sin antecedentes comprobados con la delincuencia.

En su revista correspondiente a junio del 2026, El Faro ha presentado casos como el de una mujer que pasó hambre durante meses para llevar una paquete a su esposo en la cárcel de Mariona, sin saber que el Estado lo había enterrado en una fosa común. En otra historia, a un enfermo con insuficiencia real, víctima de las pandillas, lo encarcelaron, falleció y lo sepultaron en una fosa sin avisarle a su familia.

Un discapacitado intelectual “desapareció” del penal de Mariona en junio de 2022. El hermano mayor lo buscó en hospitales, en otras cárceles y nadie le daba pistas sobre su paradero. Tres meses después, casi por azar, lo encontró en una fosa común del cementerio La Bermeja, en San Salvador. Seis hombres, vestidos con trajes especiales de color blanco, abrieron la sepultura y sacaron un cuerpo putrefacto: “Yo no tuve asco. Lo reconocí por una cicatriz en su brazo, la cara estaba desfigurada. Todo inflamado”, dijo su hermano. Esta es una de las tres exhumaciones investigadas por El Faro en el marco del régimen de excepción, la estrategia de Nayib Bukele que desarticuló a las pandillas, pero que también ha violado los derechos de cientos de personas que fueron capturadas sin pruebas en su contra, que no tuvieron un debido proceso y murieron bajo custodia estatal, con autopsias inconclusas y sin la oportunidad de defenderse en un juicio.

El Faro ha investigado 18 de las 526 muertes reportadas por Socorro Jurídico Humanitario. Cuatro casos han sido publicados en el especial Testimonios, mientras que otras historias se han detallado en crónicas y reportajes, como la muerte por desnutrición severa de Juan Saúl Castillo o la captura arbitraria de Blanca Osmilda Castro Quijada, una señora de 60 años que vivía en un lote donde no había pandillas y que falleció en el penal de Apanteos. En esta investigación, el periódico reconstruye la historia de tres detenidos por el régimen que murieron bajo custodia del Estado y fueron sepultados en fosas comunes. Todos tenían huellas de una muerte violenta, algo ignorado en los informes forenses. Todos eran legalmente inocentes porque no fueron vencidos en juicio.

El desprecio del Estado a sus derechos básicos también quedó en evidencia cuando enterró los cadáveres sin decir nada a sus familiares. Las familias siguieron llevando paquetes con enseres básicos a las cárceles donde suponían estaban sus parientes y Centros Penales los recibió sin reparo. El Estado recibió paquetes para unos muertos.

El régimen de excepción prohíbe las visitas de familiares y la comunicación de los detenidos con sus abogados. Además, Centros Penales recibe los paquetes, pero no da certeza ninguna a los familiares de que sus parientes los recibieron. La única forma para que los familiares puedan ingresar a un penal para ver a sus detenidos por unos minutos, o tener comunicación con ellos por medio de cartas, es pagando entre $200 y $500 a una red de corrupción penitenciaria. Los encarcelados que tienen dinero pagan hasta $35,000 por salir de prisión y ser ingresados en un hospital privado, para así poder reunirse con sus abogados y familiares.

La mañana del 25 de mayo de 2026, El Faro solicitó una entrevista a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Dirección General de Centros Penales y a la Policía Nacional Civil. La solicitud se hizo por medio de correos electrónicos institucionales y cuentas oficiales de redes sociales. Como es habitual desde que Bukele llegó a Casa Presidencial, no contestaron.

Este periódico entrevistó a familiares de los fallecidos y obtuvo una veintena de documentos oficiales. Los expedientes policiales, folios judiciales, estadísticas e informes de Inteligencia se consiguieron por medio de una filtración de miles de gigabytes de documentos oficiales por parte de DDoSecrets, una organización dedicada a la liberación de información de interés público. Estas son las historias de quienes murieron sin juicio y sin funeral.