Estados unidos.- Los ataques emprendidos por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente utilizadas por organizaciones del narcotráfico no han logrado reducir el flujo de cocaína hacia ese país, de acuerdo con una evaluación de la Administración de Control de Drogas (DEA) revelada por The Washington Post.

El informe señala que, aunque la estrategia obligó a los grupos criminales a modificar sus operaciones, el suministro y el precio de la cocaína no se vieron afectados. La campaña, denominada ‘Lanza del Sur’, comenzó en septiembre de 2025 y, hasta el momento, ha dejado 67 embarcaciones atacadas y 221 personas fallecidas.
La evaluación de la DEA, citada por The Washington Post, sostiene que la ofensiva militar no consiguió disminuir la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos ni alterar el precio de la droga en el mercado.

De acuerdo con el reporte, funcionarios del Pentágono informaron a legisladores que los ataques tampoco redujeron la pureza del estupefaciente. En su análisis, la DEA advierte que las organizaciones criminales simplemente adaptaron sus métodos para mantener el tráfico de drogas.

Pese a ello, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió la operación al asegurar que el hecho de que los grupos criminales cambien constantemente de estrategia demuestra que las acciones de Washington continúan ejerciendo presión sobre sus operaciones.

Según la evaluación, los narcotraficantes dejaron de utilizar con frecuencia las lanchas rápidas en aguas internacionales y comenzaron a emplear embarcaciones de mayor tamaño que navegan cerca de las costas para reducir el riesgo de ser detectadas.

Además, incrementaron el uso de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde ahí vuelan hacia el este, pasando por Guyana y Surinam, con el objetivo de evitar la presencia de las fuerzas estadounidenses.

La operación ‘Lanza del Sur’ también ha generado críticas por parte de organismos internacionales. Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado los ataques como posibles “ejecuciones extrajudiciales” y han advertido que entre las víctimas hay pescadores y contrabandistas de combustible. Por su parte, Human Rights Watch alertó sobre las consecuencias de que países latinoamericanos colaboren en estas acciones y reiteró que eliminar garantías no representa una estrategia eficaz para combatir al crimen organizado.