Estados Unidos.– Este lunes  la confirmación frente al Senado de Todd Blanche como fiscal general de los Estados Unidos es prácticamente un hecho.

Con el apoyo de la mayoría republicana, Blanche, quien fuera el abogado personal del presidente Donald Trump, se convierte en la figura central del aparato de justicia estadounidense, en busca de dejar atrás los conflictos de interés que obstaculizaron su ascenso.

Pese a sus 15 años de experiencia en el Departamento de Justicia (DoJ), muchos de ellos como consultor, el camino de Blanche al frente de esta agencia comenzó durante su etapa como defensor del entonces expresidente Trump por sus casos de malversación de fondos de campaña, de los cuales fue declarado culpable.

Una semana antes de su candidatura, el Comité Judicial del Senado había decidido aplazar la votación en el pleno de la Cámara Alta por las reservas que dos legisladores republicanos expresaron respecto a las lealtades del hombre que busca dirigir un cuerpo de más de 100 mil personas con capacidades de investigación, enjuiciamiento y reclusión.

Los legisladores republicanos John Cornyn y Thom Tilléis, senadores por Texas y Carolina del Norte, respectivamente, habían rechazado apoyar la nominación de Blanche citando la existencia de un fondo de mil 800 millones de dólares que Blanche, a través del Departamento de Estado, buscaba implementar para compensar a los ciudadanos que hubieran experimentado persecución política por parte de la agencia durante la administración de Joe Biden.

Surgido como un acuerdo de conciliación ante una demanda presentada por el presidente Trump en contra su propio Servicio de Impuestos Interno, el “Anti-weaponization fund” fue una iniciativa con la que el DoJ buscaba resarcir el daño hecho por la agencia a simpatizantes del presidente que hubieran sido víctimas del uso faccioso de la justicia por participar en los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021 o en otras manifestaciones de apoyo hacia el presidente.

El fondo para las víctimas del Departamento de Justicia

Administrado completamente por el Ejecutivo y sin mecanismos de transparencia o rendición de cuentas, el fondo de mil 800 millones de dólares, anunciado en mayo pasado, fue enmarcado por críticos y expertos en ética como una estratagema para canalizar fondos a los simpatizantes del presidente Trump; Todd Blanche, en su papel como fiscal interino, fue el arquitecto del esquema que se convirtió en su principal obstáculo para ocupar el cargo de manera permanente.

Si bien el presidente Trump aseguró que él no sería beneficiado por los recursos del fondo y que estos serían utilizados para compensar a quienes fueron arruinados financieramente por el DoJ, la negativa de los senadores obligó a Blanche a retractarse por escrito de sus intenciones de establecer el fondo y asegurar que no se recibieron solicitudes ni se transfirió dinero en los meses desde que se anunció su creación.

En opinión de la internacionalista Dora Isabel González, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, no es sorpresivo que la Casa Blanca haya planteado un fondo como este dadas las tendencias del presidente de “estirar la liga”; sin embargo, las instituciones estadounidenses aún se conservan.

“Trump sabe que no pierde nada al proponer este tipo de iniciativas aunque tenga muy pocas probabilidades de ser aprobado, pero también ahí es donde se ve la fortaleza de las instituciones al prohibir que exista un mecanismo populista que quizá en otros países pudiera parecer como una acción ordinaria. Los legisladores saben que no es un mecanismo adecuado, que afecta la democracia del país y termina por ser incongruente con la naturaleza de los Estados Unidos (…) La capacidad institucional sigue teniendo una estructura muy fuerte que todavía puede poner límites a una figura como Trump, a diferencia de muchos otros países donde vemos rendirse los contrapesos”, comenta la especialista.

El Senado estadounidense logra concesiones de la Casa Blanca

Si bien Blanche se prepara para incorporarse al frente del DoJ de manera más formal, su etapa como asistente de la fiscal Pam Bondi y su tiempo de interinato provocaron fricciones entre el nominado y el Senado estadounidense, tanto en la oposición como en el oficialismo.

Legisladores del Partido Demócrata han criticado a Blanche por actuar como si aún fuera el abogado personal del presidente Trump; principalmente, por la agresividad que ha mostrado en el procesamiento judicial de los enemigos políticos del mandatario y el servilismo mostrado al frente de una agencia que históricamente ha funcionado con más independencia que otras que emanan del Ejecutivo.

A pesar de que finalmente la bancada republicana concedió su aprobación al nominado presidencial, las concesiones obtenidas por solo dos senadores demuestran el poder de negociación que la Cámara alta aún ostenta frente a la Casa Blanca.

La profesora González apunta que si bien Trump ha aumentado su injerencia en el Congreso, el caso de Blanche demuestra que el Legislativo aún puede realizar su función institucional de contrapeso.

“En el Congreso estadounidense, históricamente, la Cámara Alta se compone por los actores que hicieron carrera en su partido y que no le deben su puesto a Trump; podrá haber algunos que se declaren trumpistas y que se alineen, pero muchos otros no y esto se da porque tenemos una estructura partidista en donde son muy importantes los liderazgos locales (…) El Partido permite arraigos locales donde ellos definen elecciones, en donde las proporcionalidades son muy distintas, y donde hay mayor permanencia porque se pueden reelegir, todo esto crea un grupo de personas a las que no puedes contradecir del todo; por muy presidente de la República que seas”, sentencia la académica.