Buenos Aires. El presidente, Javier Milei, no dejó duda alguna sobre los planes para someter a la población ante cualquier reclamo a su gobierno al considerar este lunes que “un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos, pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza”, durante su discurso en homenaje por el 176 aniversario de la muerte del Libertador de Argentina y otros países de América Latina, general José de San Martín.
Después de diez días de permanecer alejado de toda actividad en la residencia presidencial, Milei confirmó la subordinación de las fuerzas policiales, de seguridad y militares a los intereses de Estados Unidos e Israel, comprometidos en acuerdos públicos y secretos desde que asumió el gobierno en diciembre de 2023.
Hoy “la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos” advirtió Milei, y aseveró que “nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto” al destacar que por demasiado tiempo “el instrumento militar de nuestro país” fue “demonizado y desfinanciado”.
Señaló que para “protegernos contra estas enfermedades del alma (rebeliones populares), debemos tener a policías capaces, entrenados y vigilantes que defiendan a los ciudadanos honestos de quienes quieren romper la ley. Pues el ladrón es también un tirano del prójimo y defender la libertad de Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales” el mal que existe y por supuesto del terrorismo.
Fue inevitable que se refiriera a la necesidad de “retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo”, en coincidencia absoluta con los últimas intervenciones injerencistas del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, tan activo en estos días como los asesores israelíes, que circulan por todo el país.
El gobierno emplea millones de dólares del erario público para la compra de toda clase de armamentos y equipos de última tecnología adquiridos a Israel mayoritariamente, como se ha denunciado incluso en el Congreso y ante la justicia que controla la actual administración.