Ciudad De México.- Con el objetivo de vigilar el destino y buen uso de los impuestos, el centro de análisis México Evalúa, en conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil, lanzó una propuesta de auditoría ciudadana para exigir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que abra la fiscalización del gasto público a la participación social.

​A través de la plataforma digital auditoria ciudadana.mx, habilitada hasta el próximo 15 de enero de 2027, cualquier persona puede votar para definir qué áreas ejercidas durante 2026 requieren una revisión prioritaria. Entre los rubros a elegir destacan:

  • ​Seguridad pública
  • ​Salud
  • ​Servicios públicos
  • ​Política social
  • ​Educación

​Pedagogía y vigilancia ciudadana

​Al presentar la iniciativa, Lourdes Morales, coordinadora de Ciudadanía de México Evalúa, señaló que este mecanismo busca acercar los procesos de fiscalización a la sociedad:

​”Nos permitirá ver cómo podemos hacer más pedagogía de la relevancia de la rendición de cuentas y la exigencia del buen uso de los recursos públicos que son de todos”.

​Por su parte, Elisa Gómez, coordinadora de Diálogo Político de la Fundación Friedrich Ebert, destacó la importancia de aprovechar los espacios institucionales disponibles, aun cuando los resultados de la consulta serán entregados formalmente pero no tienen carácter vinculante para la ASF:

​”Si la Auditoría Superior de la Federación está abriendo este canal ciudadano, hay que tomarles la palabra y hay que llegar con contenido, con información, que es parte de lo que propone esta consulta”.

​El foco en los programas sociales rumbo a 2027

​Especialistas advirtieron que la vigilancia ciudadana resulta fundamental para supervisar el manejo de los recursos destinados a programas sociales y evitar su uso con fines político-electorales.

​Al respecto, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, subrayó la magnitud del presupuesto en juego y la urgencia de blindarla.

​”Revisar ese billón de pesos en programas de transferencia —es un billón, estoy redondeando— puede ser muy importante. Necesitamos hacer algo para cuidar que no se lucre políticamente con la pobreza en el proceso electoral 2027. Los programas de transferencias no pertenecen a un partido político, no pueden identificarse con un político o política concreta; damos por hecho que eso es así, y no es así. Dejamos pasar que la estructura de un partido se convirtiera en la estructura operativa de la Secretaría de Bienestar; ese pecado de origen genera muchos problemas”.

​Finalmente, Gómez Hermosillo concluyó que, aunque el impacto de estas consultas no sea inmediato, “solo a base de participación ciudadana podemos recuperar el valor de lo público, el sentido de lo público, y hacer que la rendición de cuentas sea una obligación de quienes tienen el poder público”.