Colombia.- Una vez que Abelardo de la Espriella tome posesión como presidente de Colombia, las entidades y documentos que sostienen la paz en el país se verán amenazados.
Desde sus redes sociales, el abanderado por el movimiento Defensores de la Patria anunció la eliminación de diferentes consejerías y oficinas, entre ellas la Consejería Comisionada de Paz, con el único fin de mantener un gobierno “austero”.
Según el presidente electo, las funciones de esa dependencia serán atribuidas entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, bajo el argumento de que esas competencias ya existen en dichas carteras.
Entre otros deberes, la Consejería Comisionada de Paz tiene la tarea de asesorar al presidente en la formulación, estructuración y desarrollo de las políticas, programas y proyectos en torno a la implementación de los Acuerdos de Paz. También, tiene la labor de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, con fin de determinar la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz.
Con este posicionamiento, por ende los Acuerdos de Paz alcanzados en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos también corren peligro, ante lo que el exmandatario expresó su preocupación y llamó al gobierno entrante a retomar “el camino de la implementación no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”.
Asimismo, Iván Cepeda, excontrincante político del presidente electo, reclamó que las decisiones de acabar con la institucionalidad de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016, “convierten a Abelardo De la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido” Colombia en el campo de la búsqueda de la paz.
Sin consejerías y convenios de paz, Colombia quedaría desprotegida, en espera de que la violencia se vuelva a desatar en las calles.
La doctora Claudia Edith Serrano Solares, especialista en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), menciona que con la reconfiguración que propone el nuevo gobierno de implementar un Plan Colombia 2, con ayuda de países como Estados Unidos e Israel, se daría como primer impacto un proceso de confrontación abierto y frontal por el control territorial con el crimen organizado.
“Esto se traduce a que, al no existir un protocolo de protección de los derechos humanos, se puede desencadenar a la desaparición forzada; casos de falsos positivos como en algún momento se vivió durante el gobierno de Uribe (Vélez) -con ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes-”, menciona la especialista.
Del mismo modo, el doctor Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM resalta que “la vía de la violencia ha demostrado que no ha funcionado” para detener al crimen organizado, como así lo hizo el expresidente Uribe Vélez, “quien fue el que más desplegó fuerza militar y lo que generó fue más violencia”.
“(En la derecha) son conscientes de que los proceso de paz son necesarios, pero la decisión de hacer esto (desmantelar las consejerías y convenios de paz) pasa por un proceso político antes que acabar con el conflicto.
“Lo que hace es darle más poder a las fuerzas militares y con ello va a desatar más violencia. No solo van a acabar con esto que generó muchos beneficios, van a incrementar los conflictos a lo largo del país, sobre todo con la participación de grupos paramilitares. Estamos en un escenario delicado”, señala Neira Orjuela.
De acuerdo con la doctora Serrano Solares, los principales sectores que se verán vulnerables son los campesinos más allá de que formen parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o no, porque no habrá manera de identificarlos.
“En el gobierno de Iván Duque hizo exactamente lo mismo: empezar a paralizar la profundidad de la implementación del Acuerdo de Paz, y fue uno de los gobiernos en los que el saldo de desapariciones y violaciones de derechos humanos fue altísimo (…) Se piensa que entre más armamento, mejores dispositivos de inteligencia que tenga el ejército, con eso va a ser suficiente para desmantelar el crimen organizado y volver a recuperar esas áreas”.
Desde que hace 10 años dio inicio el proceso de construcción de la paz en Colombia, los políticos de derecha y la élite siempre estuvieron en desacuerdo con el Acuerdo de Paz, pues uno de los principios del convenio era destapar a los involucrados detrás de la violencia.
El doctor Neira Orjuela explica que como gran parte de los militares también estuvieron relacionados con actos de violencia, los sectores económicos no estuvieron de acuerdo con sacar eso a la luz.
En diciembre de 2025, por ejemplo, la Jurisdicción Especial de Paz imputó a cinco militares retirados como máximos responsables de los delitos de genocidio, homicidio en persona protegida, exterminio, traslado forzoso de la población y otros tratos inhumanos. Estos actos fueron cometidos en alianza con grupos paramilitares entre 1984 y 2016.
Pese a las intenciones del gobierno entrante, al menos el Acuerdo de Paz no podría darse de baja tan fácilmente, remarca la doctora Serrano Solares, debido a que es un acuerdo jurídico; sin embargo, dice, sí puede comenzar a paralizarse a través de trabas institucionales y mecanismos para no permitir que se logre avanzar en los puntos previstos.
“Lo que se esperaría es una reacción internacional, porque sí se ha reconocido internacionalmente el Acuerdo de Paz al haber sido un bloque ante la violencia”, menciona Neira Orjuela.
