Ciudad De México.- El crimen organizado ha encontrado espacios para infiltrarse en estructuras relacionadas con el movimiento normalista y aprovechar sus movilizaciones para cometer delitos, de acuerdo con una investigación que documentó mil 61 eventos entre enero de 2021 y abril de 2026, equivalentes a un caso aproximadamente cada 44 horas.
El informe “Estado en retirada: entre la protesta legítima y la cooptación delictiva organizada”, elaborado por el periodista especializado en seguridad Óscar Balderas junto con Defensorxs y Narcodata, concentra 60 por ciento de los hechos identificados en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla, entidades donde coinciden Escuelas Normales Rurales y presencia de organizaciones criminales.
Presentado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, el estudio plantea que personas ajenas a las comunidades estudiantiles utilizan la identidad normalista para participar en saqueos, robos, bloqueos carreteros y privaciones ilegales de la libertad, además de advertir sobre posibles vínculos de algunos de estos actores con organizaciones criminales y grupos políticos locales.
La investigación denomina “falsos normalistas” a quienes se presentan como estudiantes o dirigentes pese a no formar parte activa de la comunidad estudiantil, así como a personas que, según los hallazgos del estudio, mantienen vínculos con estructuras delictivas.
Balderas aclaró que el objetivo no es criminalizar al movimiento normalista ni desacreditar sus demandas históricas, particularmente las relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino separar esas causas de quienes presuntamente las utilizan como cobertura para cometer delitos.
“Hay que extraer al crimen organizado de estas demandas, quitarle la agenda al crimen organizado y devolvérsela a los estudiantes”, afirmó el periodista durante la presentación.
Además de los mil 61 eventos registrados, el informe calcula pérdidas promedio de 66 mil 600 pesos para las empresas afectadas en cada caso, cifra que incluye mercancías sustraídas, daños a vehículos y otros gastos. Los autores advierten que las afectaciones pueden extenderse a las cadenas logísticas y, eventualmente, repercutir en el precio final de algunos productos.
La investigación señala también que parte de las mercancías obtenidas mediante saqueos termina en mercados negros, mientras otra puede ser distribuida entre comunidades. Según el estudio, esta última práctica puede utilizarse para obtener respaldo social y fortalecer la capacidad de movilización de determinados grupos.
Esa capacidad, advierte el documento, puede convertirse posteriormente en un instrumento de negociación con actores políticos locales y favorecer esquemas de protección o impunidad. Balderas sostuvo que precisamente la falta de consecuencias constituye uno de los factores que permiten la continuidad de estas conductas.
El informe estima niveles de impunidad de hasta 99 por ciento en los casos analizados. “Tienes 10 veces más posibilidades de que si pones un negocio este se vaya a la quiebra, a que te agarre la policía si robas un camión”, señaló el periodista.
Alberto Guerrero Baena, consultor en política de seguridad, sostuvo durante la presentación que en entidades como Michoacán se han registrado bloqueos y boteos relacionados con normalistas y señaló que existen espacios, entre ellos algunas Casas del Estudiante, donde las autoridades evitan intervenir debido al costo político que podría representar una actuación policial.
A su juicio, el repliegue de las autoridades no necesariamente responde a falta de capacidad operativa, sino a decisiones políticas sobre cuándo y cómo intervenir.
Nancy Canjura, maestra en gobierno y Asuntos Públicos, advirtió, sin embargo, que cualquier respuesta debe considerar las condiciones sociales de los estudiantes. Recordó que las Normales Rurales constituyen una vía de movilidad social para jóvenes de comunidades rurales y sostuvo que el Estado mantiene una deuda con estos centros educativos.
Canjura consideró que las autoridades cuentan con información suficiente sobre lo que ocurre alrededor de estos espacios a través de sus mecanismos de inteligencia, por lo que atribuyó la falta de intervención a decisiones políticas y no a desconocimiento.
En el mismo sentido, Saulo Dávila, consultor senior en Integralia, planteó que la recuperación del control territorial debe realizarse sin revictimizar a los estudiantes ni atribuir al conjunto del movimiento normalista las conductas de quienes presuntamente utilizan su identidad para delinquir.
El informe propone identificar a los llamados “falsos normalistas” y aplicar la ley cuando existan elementos para acreditar delitos, al mismo tiempo que plantea proteger las condiciones para que los estudiantes mantengan sus demandas y movilizaciones legítimas.
Sus autores advierten que, si persiste la falta de respuesta institucional, en un horizonte de entre 10 y 15 años podrían consolidarse estructuras criminales alrededor de estos espacios y normalizarse formas de violencia que terminarían afectando a las propias comunidades normalistas.
La investigación plantea así una doble responsabilidad para las autoridades: investigar y perseguir los delitos atribuidos a personas que utilizan la identidad normalista y, al mismo tiempo, evitar que esas conductas sean utilizadas para criminalizar a estudiantes y organizaciones que mantienen demandas legítimas.
