Ciudad De México.-El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México presentó una Iniciativa para que los dueños de predios en la Ciudad de México reciban una alerta inmobiliaria, con el objetivo notificar a los propietarios si hay algún movimiento en el Registro Público y evitar que se conviertan en víctimas de despojo.
“De un momento para otro, los propietarios de inmuebles pierden su patrimonio y se enteran que alguna otra persona ya puso el inmueble a su nombre, mediante diversos tipos de fraude como la suplantación de identidad, poderes notariales apócrifos o ventas simultaneas de un mismo inmueble y otros actos ilícitos”, señaló en la tribuna del Congreso, Diego Garrido, legislador promovente de la iniciativa.
Por lo anterior, se presentó dicha iniciativa este 14 de mayo que tiene como objetivo, “establecer un servicio administrativo del Registro Público de la Propiedad, denominada Alerta Inmobiliaria, mediante el cual el propietario registra su correo electrónico o datos de contacto para recibir notificaciones respecto su inmueble”.
¿Cómo será la alerta amarilla?
Según lo dado a conocer por el legislador, en el texto de la iniciativa se señala que “la Alerta Inmobiliaria es defender el derecho de la propiedad privada y el patrimonio de las familias en esta Ciudad; toda vez que es considerada una de las entidades con mayor riesgo a ser víctima de despojos y fraudes inmobiliarios por engaños, falsos anuncios, suplantación de identidad, uso de documentos apócrifos, entre otros delitos”.
También, recalcó que con esta iniciativa se protege a todas las personas que tengan alguna propiedad en la Ciudad, “muchos se enteran que su propiedad ya no es su propiedad, cuando son notificados de juicios de desalojo”.
Indicó que esta figura ya opera en otras entidades federativas incluso de manera gratuita, por lo que el PAN seguirá proponiendo reformas que tengan por objeto proteger el patrimonio familiar, la propiedad privada y fortalecer la certeza jurídica ante el incremento de fraudes inmobiliarios y ante las 30 mil carpetas de despojo que se han dado en los últimos 7 años.
