Un gesto de desaprobación, una reacción de sorpresa al ver a alguien con una totalidad diferente de piel o hasta evitar el saludo son formas de discriminación que durante muchos años se normalizaron en las sociedades del mundo.

El racismo contra las personas afrodescendientes, aunque cada vez es menor, no se limita a estos actos aislados. Se manifiesta en instituciones, leyes, políticas y prácticas que restringen su acceso a espacios de decisión, perpetúan desigualdades y reducen su representación en la vida pública. Esa es la principal advertencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que llama a los Estados a garantizar una participación política efectiva, segura e incluyente como condición indispensable para avanzar hacia la justicia racial.

¿Cómo afecta el racismo sistémico?

De acuerdo la nota orientativa “Cómo hacer efectivo el derecho a participar en los asuntos públicos: Una mirada a las personas afrodescendientes”, el organismo señala que las barreras que enfrentan las personas afrodescendientes están estrechamente vinculadas con el racismo sistémico heredado de la esclavitud, la trata transatlántica de personas africanas y el colonialismo.

Estas condiciones históricas continúan traduciéndose en exclusión de los procesos de toma de decisiones, subrepresentación en cargos públicos, discriminación en el acceso a la educación, el empleo, la justicia y otros derechos fundamentales.

La ONU-DH sostiene que la participación en los asuntos públicos no debe limitarse al derecho al voto. También comprende la posibilidad de intervenir en la elaboración de leyes, políticas públicas, presupuestos y decisiones gubernamentales en todos los niveles, desde el ámbito local hasta los organismos internacionales.

Gobiernos deben eliminar obstáculos para personas afrodescendientes

Esta exclusión, advierte el organismo, alimenta un círculo de desigualdad: sin representación es más difícil impulsar políticas para combatir el racismo; y sin esas políticas, las condiciones de discriminación persisten.

Por ello, recomienda que los Estados adopten medidas específicas para eliminar obstáculos estructurales, proteger a las personas afrodescendientes que participan en la vida pública frente a actos de intimidación o violencia y garantizar consultas significativas antes de aprobar decisiones que afecten a sus comunidades.

En la mencionada nota orientativa, se destaca la necesidad de generar datos desagregados, fortalecer el combate a los discursos de odio y reconocer el liderazgo de organizaciones afrodescendientes en el diseño de políticas públicas.

La representación, concluye el informe, no es una concesión política, sino un derecho humano cuya garantía resulta esencial para desmontar el racismo estructural y construir sociedades más igualitarias.

Mujeres afromexicanas contra discriminación

La campaña “Mujeres afromexicanas: voces, libertad y derechos”, impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), busca reconocer el papel de las mujeres afromexicanas como agentes de cambio, defensoras de derechos y protagonistas en la construcción de comunidades más justas e incluyentes.

La iniciativa pone énfasis en la necesidad de erradicar la discriminación histórica que enfrentan, fortalecer el reconocimiento de sus derechos y promover su participación en la vida pública, a partir del nuevo marco constitucional que garantiza la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos.