Explicó en entrevista que se realizaron un conversatorio abierto y audiencias especializadas con organizaciones de víctimas y supervivientes de feminicidio, cuyos planteamientos son sistematizados para incorporarlos al proyecto, por lo que adelantó que la Comisión de Justicia considera necesarios ajustes en algunas definiciones y agregados propuestos por familiares.
Incorporarán a personas transgénero a definición de feminicidio
Uno de los principales debates se concentra en la definición de feminicidio, particularmente en la manera de incorporar a las personas transgénero sin generar una invisibilización de las mujeres, asunto que permanece abierto y sobre el cual todavía no existe una resolución, además de analizar sanciones para servidores públicos que alteren, retrasen o socaven investigaciones por este delito.
El legislador por Chihuahua sostuvo que la propuesta no debe limitarse a modificar el tipo penal, sino establecer una homologación nacional de sanciones, protocolos y procedimientos, así como bases de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar el feminicidio y definir responsabilidades, funciones, facultades y competencias.
Consideró indispensable que esa coordinación esté acompañada de recursos suficientes, porque sería “populismo legislativo” enunciar derechos sin garantizar los mecanismos materiales para hacerlos efectivos, por lo que sostuvo que deberá existir disposición presupuestal para respaldar los procedimientos e instituciones que establezca la nueva legislación.
¿Cuánto sería la pena por el delito de feminicidio?
Sobre las sanciones, señaló que el tipo penal contempla hasta 70 años de prisión y que las hipótesis agravantes pueden elevar la pena a más de 100 años, aunque sostuvo que la prioridad debe estar en fortalecer mecanismos y protocolos para lograr investigaciones eficaces desde el primer momento.
Puntualizó que la iniciativa plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio, pero también consideró necesario establecer con claridad cuándo debe descartarse esa clasificación si los hechos corresponden a un accidente, suicidio u otra circunstancia, debido a las dificultades que existen tanto para clasificar como para desclasificar correctamente.
Corral Jurado reconoció que todavía no existe un cálculo sobre el presupuesto inicial que requerirá la legislación, debido a que primero deben definirse los procedimientos, protocolos e instituciones que serían necesarios, y destacó que el trabajo legislativo debe estar acompañado por voces técnicas, investigación y experiencia especializada.
