Puebla.- El robo de gas Licuado de Petróleo (gas LP) dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una red paralela de suministro que, en algunas regiones del país, ya abastece hasta 30% del mercado en ciertas zonas, presionando a distribuidores formales y elevando riesgos de seguridad pública.
Aunque históricamente el foco del combate al huachicol se ha concentrado en gasolina y diésel, el llamado “huachigas” ha ganado terreno en corredores estratégicos del centro y sur de México, donde el combustible ilícito circula mediante pipas clonadas, estaciones de carburación irregulares y redes clandestinas de distribución.
De acuerdo con estimaciones de empresas del sector que operan en zonas de alta vulnerabilidad, el gas robado ya representa alrededor de 30% del suministro en algunos mercados locales de Puebla, Veracruz y Tabasco, entidades vinculadas a ductos de Pemex y rutas logísticas clave para la distribución energética.
La expansión del fenómeno también comienza a reflejarse en los indicadores del sector. Con base en cifras del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía, la participación del gas ilícito pasó de representar 2.6% de la producción en el primer trimestre de 2024 a 35.1% en el segundo trimestre de 2025, lo que evidencia un crecimiento acelerado del mercado paralelo.
Mercado bajo presión
El impacto ya alcanza al negocio formal. Especialistas del sector aseguran que el combustible ilícito puede venderse hasta 50% más barato que el gas regulado y, en algunos corredores, el diferencial alcanza hasta cuatro pesos por litro.
Esta brecha ha provocado caídas de entre 15% y 30% en ventas formales en regiones con alta presencia de distribución irregular, particularmente en Puebla, donde el mercado clandestino ha ganado presencia en zonas urbanas y suburbanas.
Las pérdidas económicas asociadas al robo y comercialización ilegal de gas LP superarían los dos mil millones de pesos anuales a nivel nacional, mientras que empresas regionales reportan afectaciones individuales de hasta 300 millones de pesos derivados del robo de producto, cilindros y competencia desleal.
Riesgo latente
El crecimiento del huachigas no sólo representa un golpe económico. También elevó los riesgos de seguridad debido a que muchas de las unidades utilizadas para el traslado clandestino operan fuera de normas técnicas y de mantenimiento.
A ello se suman estaciones de carburación irregulares y bodegas improvisadas que incrementan el riesgo de fugas, incendios o explosiones.
El antecedente más grave ocurrió en 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde una explosión derivada de una toma clandestina dejó un saldo oficial de 137 personas fallecidas, mostrando el potencial destructivo del robo de combustibles.
