Ciudad De México.- Después de más de dos siglos de vida institucional del país, México abrió un proceso inédito para que los pueblos indígenas y afromexicanos escriban una parte fundamental de su futuro.
Desde Santa María de Ocotán, en el municipio de Mezquital, Durango, comenzó la Consulta Nacional sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un ejercicio que convocará a más de 16 mil comunidades para construir una legislación que reconozca y garantice de manera integral sus derechos.
La consulta es impulsada por la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el objetivo de que la nueva legislación sea resultado del diálogo directo con las comunidades y responda a sus necesidades, propuestas y formas de organización.
Comienza un proceso histórico
Las primeras cuatro Asambleas Regionales se desarrollaron de manera simultánea en Coahuila, Durango y Jalisco, con una amplia participación de autoridades tradicionales, representantes comunitarios y habitantes de diversos pueblos indígenas y afromexicanos.
En Coahuila participaron representantes de los pueblos Kickapoo, Afromexicano y N’dee. En Durango se reunieron integrantes de los pueblos O’Dam, Au’Dam, Wixárika y Mexikan, mientras que en Jalisco acudieron representantes de los pueblos Wixárika, Coca, Caxcán, Tepehuano y Pluricultural.
La convocatoria reunió cerca de 800 asistentes en Santa María de Ocotán y una cifra similar en San Bernardino de Milpillas, ambos en Durango. En Colotlán, Jalisco, participaron alrededor de 400 personas, mientras que en Ciudad Múzquiz, Coahuila, asistieron aproximadamente 100 representantes, marcando el inicio de un proceso que busca colocar la voz de los pueblos en el centro de la construcción legislativa.
Escuchar para legislar
Durante la ceremonia inaugural en Santa María de Ocotán, Eduardo Rodríguez Alemán, representante de la Secretaría de Gobernación, transmitió el saludo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez y afirmó que la consulta previa, libre e informada tiene como propósito garantizar la participación directa de los pueblos y comunidades en la elaboración de una Ley General que haga efectivos los derechos reconocidos en la Constitución.
Señaló que el Gobierno de México acude al proceso con la convicción de escuchar cada planteamiento, reflexión y propuesta, destacando que la participación de las comunidades fortalece la legitimidad de la consulta y garantiza el respeto a la diversidad cultural del país.
Serán 82 asambleas en todo el país
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, declaró formalmente inauguradas las Asambleas Regionales de Consulta y anunció que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se realizarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en todo el territorio nacional.
Explicó que el objetivo es fortalecer colectivamente la iniciativa mediante la participación directa de los pueblos indígenas y afromexicanos, de manera que todas las opiniones, propuestas y planteamientos sean sistematizados, analizados y, en su caso, incorporados al proyecto que será presentado ante el Congreso de la Unión.
Regino Montes recordó que este proceso deriva de la reforma al artículo 2 de la Constitución, publicada el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas fueron reconocidos como sujetos de derecho público, con derecho a la libre determinación y autonomía.
Indicó que la futura Ley General desarrollará esos derechos en aspectos fundamentales como los sistemas de gobierno, la protección de las tierras y territorios, el patrimonio cultural y los procedimientos de consulta previa, libre e informada.
Asimismo, destacó que la propuesta sometida a consulta fue elaborada mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el INPI, un grupo técnico asesor integrado de manera paritaria por 20 especialistas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
El funcionario subrayó que la construcción de la nueva legislación dependerá de la palabra de las propias comunidades. Afirmó que serán ellas quienes orienten el contenido de la iniciativa con la fuerza de su historia, su cultura y sus formas de organización comunitaria.
Una ley con impacto para las nuevas generaciones
Virginia Flores, consejera del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, afirmó que la consulta representa un momento trascendental para las comunidades indígenas y afromexicanas, ya que las decisiones que surjan de este proceso influirán en la vida de las generaciones presentes y futuras.
Destacó que la iniciativa busca hacer realidad derechos históricamente demandados, entre ellos el reconocimiento pleno como sujetos de derecho público, la capacidad de decidir su organización interna, nombrar a sus autoridades, administrar sus recursos y ejercer sus propios sistemas normativos.
