Ciudad De México.- Senadores del Partido del Trabajo plantearon reforzar la supervisión de plataformas como Uber, DiDi e InDrive para prevenir, atender e investigar casos de violencia sexual contra mujeres durante viajes contratados mediante aplicaciones digitales.
La propuesta contempla verificar periódicamente la identidad y antecedentes de los conductores, comprobar que los vehículos correspondan con los registros y detectar comportamientos atípicos durante los recorridos, además de establecer protocolos obligatorios desde el primer reporte de una posible agresión.
Los legisladores señalaron que herramientas como el seguimiento del viaje, la información del conductor y los botones de emergencia no garantizan por sí mismas la seguridad de las usuarias, particularmente ante cambios injustificados de ruta, detenciones no previstas o inconsistencias entre el conductor, el vehículo y los datos registrados.
¿Cuáles son los planteamientos?
El PT planteó que los mecanismos de emergencia sean visibles, accesibles y funcionales, con capacidad para generar una respuesta rápida, compartir la ubicación precisa y establecer comunicación con las autoridades competentes.
También propuso capacitación con perspectiva de género para conductores y personal que atiende reportes, así como información clara y acompañamiento psicológico, médico y jurídico para las víctimas, con el propósito de evitar respuestas indiferentes, revictimización o minimización de las agresiones.
La bancada advirtió que actualmente no existe información suficiente para conocer cuántos delitos sexuales están relacionados específicamente con taxis o vehículos contratados mediante aplicaciones digitales.
Delitos en cifras
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas en el documento, entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 33 mil 993 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en las 32 entidades federativas.
El Estado de México registró 4 mil 280 casos, seguido de Jalisco con 2 mil 492, Nuevo León con mil 923 y Puebla con mil 814.
Ante ello, los senadores propusieron establecer criterios homologados para identificar, registrar y publicar periódicamente información sobre acoso, abuso sexual, violación y otras conductas violentas cometidas contra mujeres y niñas durante viajes por aplicación, con respeto a los datos personales de las víctimas.
Otro planteamiento busca impedir que conductores suspendidos o denunciados por hechos posiblemente constitutivos de delito puedan cambiar de plataforma y continuar prestando el servicio sin alertas preventivas ni procedimientos para evaluar el riesgo.
El PT sostuvo que garantizar traslados seguros para las mujeres requiere la coordinación entre autoridades, empresas e instituciones de atención a víctimas, con mecanismos eficaces para prevenir la violencia, brindar atención digna y garantizar justicia.
