Ciudad De México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) dio a conocer que se logró una resolución favorable del Poder Judicial que obliga a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a reanudar los trabajos de actualización del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, una obligación legal que había sido incumplida desde hace cuatro años.

El OCNF promovió un amparo, tras señalar omisiones por parte de las autoridades federales en la expedición y publicación de las reformas al reglamento necesarias para el funcionamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Por lo que ahora, las autoridades tendrán que reanudar las labores de dictaminación, integración y consulta del proyecto de Reglamento, así como emitir un calendario con las etapas de validación técnica, revisión jurídica y envío del proyecto a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La reforma a la Ley General, publicada en abril de 2022, estableció un plazo máximo de 60 días para actualizar el Reglamento. Pese a que ese mismo año se realizaron mesas de trabajo con organizaciones civiles y personas expertas, señalaron que el proceso se detuvo, y se continuó operando con un Reglamento de 2013 que ya no corresponde al marco legal vigente.
El OCNF señala que la falta de un Reglamento actualizado ha generado incertidumbre en la operación de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) encargados del seguimiento de las Alertas de Género, provocando retrasos y falta de continuidad en distintas entidades.

Durante 2025, los GIM de Campeche, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas no realizaron una sola sesión. Mientras que en otros estados, las reuniones han sido insuficientes y los procedimientos permanecen estancados.

Por lo que la organización considera que la resolución del Tribunal Colegiado representa un paso importante para destrabar un proceso detenido desde 2022, y reiteró que el Estado mexicano debe garantizar que la Alerta de Violencia de Género funcione con reglas claras, procedimientos ágiles y plena coordinación institucional, priorizando la protección de los derechos y la vida de las mujeres.